• Una ley creará una división de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas
En la última sesión legislativa del estado de Texas, los legisladores presentaron distintos proyectos sobre los migrantes, de los cuales algunos no progresaron. No obstante, dos importantes legislaciones impulsadas por el vicegobernador Dan Patrick fueron aprobadas en ambas cámaras y solo esperan la firma del gobernador Greg Abbott para entrar en vigor.
La más reciente sesión legislativa en Texas resultó en la aprobación del Proyecto de Ley 8 del Senado, el cual exigirá a la mayoría de los alguaciles estatales que mantengan una estrecha colaboración con los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó el medio The Texas Tribune.
La legislación, que recibió el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, sería aplicada en aproximadamente 234 de los 254 condados del estado. En las cárceles, los agentes podrían interrogar a reclusos sobre su estatus migratorio y ejecutarían distintas órdenes administrativas.
A su vez, los agentes tendrán la facultad para interrogar en las calles a las personas sobre su estatus migratorio, cumpliendo funciones que generalmente están reservadas para los integrantes de ICE.
Junto con esta ley, los legisladores también aprobaron el Proyecto de Ley 36 del Senado, el cual creará una nueva división de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública, con el objetivo de optimizar esfuerzos de la seguridad fronteriza y los planes de respuesta ante desastres.
Los agentes policiales en Texas podrían cumplir funciones de los oficiales de ICE. Foto:ICE
Las leyes contra migrantes que fracasaron en Texas
Uno de los proyectos de ley contra migrantes que no tuvo éxito en Texas corresponde al Proyecto de Ley Senatorial 324, presentado por la senadora Lois Kolkhorst, que finalmente no tuvo votación. La propuesta exigía que las empresas en el estado utilicen E-Verify, un sitio web del gobierno federal diseñado para determinar si un inmigrante está legalmente autorizado para trabajar.
El otro proyecto que fracasó en las sesiones legislativas corresponde al Proyecto de Ley 825 del Senado, impulsado por la senadora estatal Mayes Middleton. Esta propuesta encargaba a la oficina del gobernador realizar un estudio bianual de los efectos económicos, ambientales y financieros de la inmigración ilegal en el estado, centrándose en los costos, sin considerar los beneficios que los migrantes aportan mediante su trabajo, los impuestos y las empresas.
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